La formación espera que el PSOE aclare la identidad del "Responsable del Contrato" exigido por ley, aunque advierte que todo apunta a la inexistencia de esta figura fiscalizadora de los costes que paga directamente la ciudadanía. El Grupo Municipal Unidas por Valdepeñas ha puesto el foco sobre una presunta irregularidad legal en la gestión del servicio de agua potable de la localidad. Tras el último Pleno Municipal, donde las cuestiones relativas a esta fiscalización quedaron pendientes de respuesta oficial por una cuestión de tiempos, la formación ha lamentado la falta de transparencia del equipo de gobierno del PSOE respecto a la figura del "Responsable del Contrato". Esta figura es de carácter obligatorio según el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Sin embargo, tras el análisis del expediente al que ha tenido acceso el grupo municipal, todo apunta a una carencia crítica: la presunta ausencia de este técnico encargado de supervisar la ejecución y dictar las instrucciones necesarias a la empresa concesionaria. Un control inexistente en la práctica Para Unidas por Valdepeñas, aunque se espera una respuesta formal, los indicios sugieren un escenario de incumplimiento legal. "La ley obliga a que haya un responsable controlando el servicio. Si el Gobierno no identifica al responsable ni muestra sus informes de seguimiento, el control sobre la empresa es inexistente", denuncian desde el grupo. Advierten además que, de existir formalmente esta figura, es evidente que no está ejerciendo sus funciones de validación técnica. El bolsillo de los vecinos, en juego Desde el grupo municipal subrayan la gravedad de esta falta de supervisión dado el modelo de gestión: el Ayuntamiento no paga este servicio de su presupuesto, sino que lo hace la ciudadanía directamente a través de sus recibos. "Al ser las vecinas y vecinos quienes sufragan el contrato con su dinero, el Ayuntamiento tiene la obligación legal de actuar como escudo. Sin informes técnicos que validen que los costes y las inversiones que declara la empresa se ajustan a la realidad, el PSOE está permitiendo que la concesionaria se vigile a sí misma, dejando a las familias de Valdepeñas indefensas ante posibles sobrecostes", explican. Solicitud formal de información y decretos Ante la falta de aclaraciones inmediatas, Unidas por Valdepeñas registrará una solicitud formal de acceso a la documentación. En dicho escrito, además de exigir la respuesta por escrito a las preguntas planteadas en el Pleno, se solicitará copia del decreto de designación del responsable y de todos los informes de fiscalización periódica que deberían haberse emitido. "Queremos ver las pruebas de que se está vigilando el dinero de los valdepeñeros y valdepeñeras. No es un trámite menor; es garantizar que un recurso básico se gestione bajo control público y no solo bajo intereses empresariales", concluyen.